COMUNICADO DE PRENSA

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Pero si esta situación discurre invisible para la sociedad, la realidad de discriminación que viven los y las familiares de las víctimas va mucho más allá: alcanza los límites de la inhumanidad.  La razón es que sumado al calvario de impunidad y a la incertidumbre permanente por desconocer la suerte de sus seres queridos, los familiares de las víctimas, en su mayoría madres y mujeres, no son reconocidas por la ley, y los funcionarios públicos les exigen requisitos inhumanos para acceder a ciertos beneficios establecidos para las víctimas de la violencia política.

Tal es el caso de la Ley 418 de 1997 -prorrogada en varias ocasiones- que discrimina a las víctimas de desaparición forzada ya que no las incluye dentro del conjunto de víctimas de la violencia política, y del Reglamento Operativo de la Asistencia Humanitaria de Acción Social que tampoco lo hace. En virtud de esta omisión, algunos funcionarios exigen a los familiares de los desaparecidos que presenten un certificado de defunción para acceder a la ayuda humanitaria,  exigencia esta que resulta imposible por no haber sido encontrada la víctima viva o muerta; o en su defecto les insta a declarar a sus familiares muertos a través de un proceso civil de declaración de muerte presunta, requisito a todas luces desproporcionado para quien no ha podido vivir el duelo.

En medio del conflicto armado y del agravamiento de la crisis humanitaria, amenazados en sus lugares de origen o desplazados en pueblos o ciudades, los familiares de los desaparecidos recurren al Estado y a Acción Social, esperanzados en que se les reconozcan sus derechos para aliviar las graves cargas jurídicas, psicológicas y sociales que heredan de la desaparición forzada.     Sin embargo no encuentran una respuesta y, lo que es peor, sus peticiones son rechazadas por ser familiares de desaparecidos no cobijados por la ley.

La exigencia de un certificado de defunción a los familiares de desaparecidos forzadamente ignora el daño a la integridad mental que estos han sufrido y no contempla las consideraciones de la jurisprudencia internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos equivale a tortura.

La demanda de inconstitucionalidad busca sacar de la invisibilización las desapariciones forzadas, acabar la discriminación legal y eliminar los requisitos excesivos que el Estado les impone al asimilarlos a casos de muerte por homicidio, atentados o masacres.  Igualmente busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre los riesgos de un mayor daño y de una revictimización de las víctimas de desaparición forzada.

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