La Convención de Naciones Unidas contra l

30 años de esfuerzos ahora cristalizados no sólo en el texto que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y que fue fruto de un Grupo de Trabajo de composición abierta liderado por Francia creado en 1999 en el seno de la Comisión de Derechos Humanos en el que participaron activamente desde la sociedad civil Marta Vásquez (Madres de Plaza de Macho Línea Fundadora), Loyola Guzmán, Patricio Rice (ex desaparecido, creador y asesor de FEDEFAM (q.e.p.d)), Aileen Bacalso (Presidenta de la Federación Asiática contra las desapariciones forzadas), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros.

Esta convención universal ha sido una lucha y ahora es un sueño hecho realidad. Los familiares de los desaparecidos no debemos pasar de largo frente a este hito histórico, tampoco la sociedad en general, porque representa un logro largamente trabajado desde los esfuerzos de cada pequeña organización de familiares en países de todos los rincones del mundo, que pidieron con firmas, con afiches, con folletos, con gritos y pancartas en la calle, con discursos, con postales, con actos de memoria: el derecho a tener una Convención contra uno de los delitos más atroces que ha afectado y sigue afectando seriamente a Colombia.

La firma de esta Convención por el gobierno colombiano debe ser completa, y al entregar el instrumento al Secretario General de Naciones Unidas, el gobierno debe declarar que acepta la competencia del Comité sobre Desapariciones forzadas que crea este tratado, de lo contrario, cerraría las puertas a la acción humanitaria de búsqueda de las víctimas que es el mandato principal de ese Comité. La falta de adopción de esa competencia enviaría un mensaje contradictorio a la comunidad internacional de ausencia de voluntad política real. Los familiares de los desaparecidos abogamos por la ratificación plena de la Convención. La Cámara de Representantes al aprobar hoy el proyecto de ley debe enviar un llamado al gobierno nacional apoyando esta reivindicación. Bogotá, 18 de octubre de 2010.