El problema de las estadísticas<

Mujeres: Estadisticas oficialesPor su parte, el SIRDEC registró 20.600 casos de mujeres desaparecidas entre los años 1980-2013. De esa cifra, 2.312 las catalogó como presuntas desapariciones forzadas. La gráfica muestra un aumento considerable de casos en el período 1990-2009 (1.929) con un promedio de 96 mujeres desaparecidas forzadamente cada año, es decir, 8 mujeres desaparecidas cada mes, 2 cada semana. unque el informe FORENSIS-2013 señala que desde 2007 se redujo el número de mujeres desaparecidas forzadamente pasando de 105 en 2007 a 40 en el 2012. Es de resaltar que la participación porcentual muestra un aumento en el total anual de desaparición forzada de 14,76% en 2007 a 21,73% en 2012.

Sirdec: Mujeres desaparecidas "sin información"

Para los familiares de las víctimas las cifras no son lo más importante pues un solo caso debería ser intolerable. Sin embargo, las cifras ayudan a dimensionar el costo en vidas y el daño producido y deberían ser base para diseñar políticas públicas acordes con las graves proporciones del delito.

La edad de las mujeres desaparecidas
Según los datos del SIRDEC, las mayoría de mujeres desaparecidas forzadamente, tenía entre 13 y 39 años de edad. Mientras en las mujeres desaparecidas sin información la edad de la mayoría oscila entre 28 y 65 años de edad. Las jóvenes de edades entre 12 y 17 años suman 3.500, es decir el % del total de las desaparecidas sin información.

Deficiente calidad de la información en SIRDEC en los casos estudiados

Realizado un cotejo de información respecto de 39 casos estudiados, se obtuvo un resultado desconcertante: De la muestra de 39 casos de mujeres: 8 casos no están registrados, 12 casos no fueron clasificados como desaparición forzada y 30 no tienen la información básica completa prevista en los formatosoficiales. Sólo 2 tienen la información completa en sus casillas, 3 contienen información errónea

Cifras no-gubernamentales de desaparición forzada de mujeres
Históricamente las organizaciones de familiares y de derechos humanos han sido vitales en la documentación de los casos, al inicio no lo hacía el Estado. Si bien la capacidad e infraestructura de estas organizaciones es limitada frente al deber y a la capacidad Estatal, la gran ventaja es la calidad de sus datos que incluyen muchos no casos no denunciados por temor, represalias o por desconfianza en la justicia. Esta calidad se garantiza por las relaciones de confianza establecidas con las víctimas y porque el contacto con estas genera procesos de largo plazo más allá del episodio de documentación.
En la presente investigación se solicitó información al Banco de Datos del CINEP-, quien lleva registros nacionales desde 1988. Esta base de datos considera categorías construidas a partir de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. En este marco, los casos que reportan son desapariciones forzadas con responsabilidad de agentes
del Estado por acción u omisión, casos de grupos paramilitares y casos de grupos guerrilleros que se catalogan como “rapto”.
Esta base de datos reporta 168 casos de mujeres desaparecidas forzadamente, por lo menos 22 corresponden a niñas, jóvenes y/o adolescentes. En el curso de los hechos en que fueron
desaparecidas estas mujeres y niñas, se cometieron 307 desapariciones de hombres. De 169 registros de mujeres, el 59% o sea 113 víctimas no se encuentran registrados en SIRDEC; el
27% (51 casos) sí está en el SIRDEC, y el restante 14% no pudo ser verificado por incongruencias en los registros que no permiten establecer con certeza si se trata de la misma víctima.
El hecho de que más de la mitad de estos registros no estén ingresados en el SIRDEC develaría dos grandes problemas:

  1. Un sub-registro de casos en el SIRDEC sobre mujeres desaparecidas, y
  2. Repercusiones que el sub-registro genera en materia de identificación de cadáveres recuperados.

Esta base de datos brinda información relevante –incluida de género- en 68 casos, con relación a delitos asociados a la desaparición forzada. Tal como que 46 mujeres resultaron asesinadas luego de su desaparición (22 encontradas), 13 sufrieron algún tipo de tortura, y 3 fueron objeto de violencia sexual.
La interpretación del número de casos que reportan tortura y violencia sexual debe ser realizada con sumo cuidado, pues la ausencia de su documentación o registro no significa que el hecho no haya ocurrido.

En la mayoría de las desapariciones forzadas de estas mujeres se registra como autores a grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado y a la Fuerza Pública solos o en connivencia con aquellos.

¿Quiénes son las mujeres y niñas víctimas de desaparición forzada?
Según la base de datos CINEP/PPP las mujeres campesinas e indígenas han sido especialmente afectadas por la desaparición forzada. En el caso de las mujeres indígenas la mayor cantidad de registros se refieren a las indígenas Emberá de la región del Urabá chocoano. Después de las mujeres campesinas e indígenas, esta base de datos registra profesoras y estudiantes.
La base de datos incluye casos en que mujeres fueron desaparecidas cuando intervinieron para salvar o evitar la desaparición forzada de sus esposos, hijos o hermanos.
Por parte del Estado, en los últimos 5 años, el INMLCF ha avanzado en incorporar información desagregada por género y tipo de desaparición, a través de la plataforma LIFE24. Sin embargo,
es muy escasa información sobre grupo poblacional al que pertenecen las víctimas, indígenas, campesinas, población negra, estudiantes, educadores, sindicalistas, de oposición política o social, lo que se refleja p.ej. en un bajo número de registros en el SIRDEC en las que no se identifica la filiación social política de las víctimas, incluidos los casos de mujeres.

Conclusiones sobre las cifras
Tal como están actualmente las cifras oficiales –fragmentadas por institución o instancia- no ayudan a dimensionar la realidad, ni por tanto a identificar políticas públicas proporcionales a
esa realidad, al contrario son un mecanismo de impunidad que desdibuja la desaparición forzada.

Las cifras como instrumento de investigación, deberían ayudar a revelar la dimensión global del problema y a caracterizar patrones de victimización y tendencias, para que sirvan para visualizar
el problema y para identificar los desafíos en políticas públicas coherentes. 

Del registro comprehensivo de las desapariciones forzadas y de su publicidad hacia la sociedad –depende su legitimidad y su eficacia para que víctimas que no han denunciado lo hagan y para
que quienes denunciaron pero fueron amenazados retomen sus casos. De otro modo, las cifras se pueden convertir en un velo que no permite aprehender la dimensión y características del
fenómeno para enfrentarlo con transparencia. Dimensionar el universo de víctimas de desaparición forzada es una deuda histórica y tarea ineludible sobre el Derecho a la Verdad bajo el conflicto armado y la violencia sociopolítica. Una labor compleja y urgente para la transición y para el posconflicto.

Su éxito –para aportar eficazmente en el cercano futuro a una Comisión de la Verdad como debería ser-, depende de lograr la consolidación del universo de víctimas con una retroalimentación
pronta y efectiva de las bases de datos oficiales que existen y contienen datos vitales de víctimas de desaparición forzada -pero que no dialogan entre sí- por causas técnicas, o por ausencia de
articulación entre autoridades, con lo cual los listados que cada una produce no son comprehensivos quedando como se constata en la comparación de las distintas cifras un número importante de casos no están registrados o sin ningún tipo de seguimiento.

Esta premisa de retroalimentación, verificación y validación de los registros en una base de datos unificada es fundamental, para que el Registro Nacional de Desaparecidos cumpla su función de ser un sistema de información nacional consolidado especializado en desapariciones forzadas. Dado que el Registro Nacional de Desaparecidos es parte del nuevo Sistema Nacional de
Información del Estado, se esperaría que con el trabajo de la nueva institucionalidad y las nuevas entidades y competencias instaladas por el gobierno nacional para el tema de las víctimas, esta y las demás bases datos resulten fortalecidas en sus cifras, una vez incorporen los registros pendientes para que proporcionen una información holística del universo real de víctimas de
desaparición forzada.

Entre estos registros clave que faltan por ser unificados en el Registro Nacional de Desaparecidos están más de 7.000 casos de la antigua Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General (hoy Unidad de Justicia Transicional), los registros del Registro Único de Víctimas (RUV), y los registros del Ministerio de Defensa sobre muertes en combate, entre otros, los cuales hasta ahora no se han cruzado a través de una interfase con esas entidades e instancias y por tanto no hacen parte del Registro Nacional de Desaparecidos, ni del SIRDEC.

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