Diálogos en Habana: Por una paz sin desaparecidos!

La Fundación apoya el proceso de paz y aboga por un Acuerdo humanitario y de justicia que permita encontrar a los desaparecidos.

Ver el posicionamiento de la Fundación con las organizaciones de Derechos Humanos

 

El T ¿Es sensato que, con todos los problemas que tiene entre manos, venga la Fiscalía a ocuparse, 22 años después, de aquel terrible suceso que costó la vida a 95 personas, entre ellas una docena de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? La respuesta es sí.
No solo es lógico, sino indispensable. Colombia aún no ha conocido toda la verdad, ni castigado a todos los culpables de uno de los peores acontecimientos de su historia. Hasta hace poco reinaba impunidad casi absoluta en este holocausto que promovió un grupo delirante de terroristas (todos los cuales, con una sola excepción, murieron) y respondió el Ejército con una operación destinada a aplastar a los alzados en armas sin consideración por la vida de nadie. Durante varios días, las Fuerzas Armadas de Colombia se convirtieron en vergonzosa metástasis de las dictaduras militares del Cono Sur: acciones de tierra arrasada, torturas, desapariciones, fosas clandestinas, desacato al poder presidencial, mentiras en el Congreso e incluso robo de recién nacidos.

Los colombianos sabemos que en el Palacio de Justicia se cometieron atrocidades. Pero solo es posible explorar hasta qué extremo llegó la barbaridad cuando uno lee el reciente libro El Palacio sin máscara, de Germán Castro Caycedo. El autor recopila expedientes de once fuentes oficiales, selecciona párrafos y testimonios, clasifica temas y deja que los documentos hablen. Lo que ellos dicen es peor que cuanto imaginábamos. De esas 300 páginas sale uno espeluznado, casi sollozando, al ver, con claridad meridiana que, al acto provocador y criminal del M-19 (tercero en una historia de desafíos a las Fuerzas Armadas), estas respondieron con sevicia indigna de quienes tienen el deber constitucional de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Fue un golpe de Estado: nunca pensaron en obedecer al presidente Belisario Betancur. Fue un baño de sangre: las comunicaciones internas del Ejército revelan que a los soldados se les ordenó disparar "contra todo lo que se moviera" porque gozaban de "permiso para matar". Fue una acción motivada por la vindicta: según el ex ministro Bernardo Ramírez, "los mandos militares de esa época eran siniestros, estaban sedientos de venganza, les chorreaba sangre de las manos". Hubo ejecuciones a sangre fría. Hubo torturas: varios estudiantes y los trabajadores de la cafetería, de los que se sospechó sin fundamento que eran cómplices de la toma, acabaron torturados en guarniciones militares. Algunos se salvaron por azar o por conexiones familiares.
Los demás murieron. Varios cadáveres fueron trasteados de nuevo a las ruinas humeantes del Palacio para hacerlos pasar por muertos en combate. Otros yacen sepultados en predios militares.
La mayor parte de los magistrados y del personal civil que pereció en el Palacio de Justicia fue víctima del incendio que estalló en la tarde del primer día. Está comprobado que las llamas fueron causadas por bombas especiales que lanzaron los uniformados.
También lo está que la granada que arrojó un soldado al baño donde se concentraban los rehenes dio muerte a varios de los jueces. Otros tres magistrados fallecieron por disparos de la fuerza pública.

El Palacio sin máscara es el recuento de una pesadilla que aún no hemos purgado. Ahora, cuando esperamos que guerrilleros y paramilitares realicen confesiones y paguen sus delitos, es preciso agregar las que deben emprender los militares en torno a aquella jornada nefanda.

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