Diálogos en Habana: Por una paz sin desaparecidos!

La Fundación apoya el proceso de paz y aboga por un Acuerdo humanitario y de justicia que permita encontrar a los desaparecidos.

Ver el posicionamiento de la Fundación con las organizaciones de Derechos Humanos

 

RESUMEN EJECUTIVO

El 10 de enero de 2002, el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la Ley Pública (Public Law, P.L.) 107-115, que autorizaba asistencia a Colombia por valor de 380,5 millones de dólares. El grueso de la ayuda está destinado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Semanas después, el Presidente Bush solicitó al Congreso de Estados Unidos un paquete suplementario de emergencia que incluía 35 millones de dólares adicionales para Colombia. Dicha legislación, firmada el 2 de agosto, también autorizaba a Estados Unidos a financiar, equipar y entrenar a las Fuerzas Armadas colombianas para combatir a grupos armados ilegales y narcotraficantes.

 

 

 

Secretario Colin Powell certificó a Colombia el 1 de mayo, permitiendo así el desembolso del 60 por ciento de los fondos disponibles. Deploramos esta decisión.

Las leyes contienen idénticas condiciones de derechos humanos para la ayuda militar, que se incluyen en este documento en el apéndice A.

El apoyo a los derechos humanos motivó que el Congreso de Estados Unidos condicionara la asistencia de seguridad a avances claros y convincentes por parte del Gobierno colombiano en la detención de los abusos cometidos por sus fuerzas. Estas condiciones fueron diseñadas para fomentar las reformas que dicen respaldar los propios líderes electos y comandantes militares de Colombia. Garantizar el respeto a los derechos humanos redunda en el interés de los gobiernos tanto colombiano como estadounidense-y lo que es más importante, del pueblo de Colombia. Son la base del Estado de derecho y fortalecen la democracia contra sus muchos enemigos, entre ellos los que emplean el terror con fines políticos.

Antes de adoptar una decisión sobre el cumplimiento de la legislación estadounidense por parte de Colombia, el Secretario de Estado tiene que consultar a organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado el 1 de febrero de 2002 para presentarles pruebas de que Colombia no había cumplido ninguna de las tres condiciones.

No obstante, el Secretario Colin Powell certificó a Colombia el 1 de mayo, permitiendo así el desembolso del 60 por ciento de los fondos disponibles.

Deploramos esta decisión. Constituyó un mensaje negativo para Colombia y especialmente para las Fuerzas Armadas de que los derechos humanos son menos importantes que la capacidad de librar una guerra sin impedimentos contra lo que se describe habitualmente en Colombia como "terrorismo". De hecho, se trata del mismo conflicto interno que ha enfrentado a Colombia durante cuatro décadas. Todas las partes-las fuerzas de seguridad, los rebeldes de izquierda y los paramilitares de derecha-cometen habitualmente graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, todas ellas actos de terror contra la población civil.

El 26 y 29 de agosto de 2002, los grupos de derechos humanos participaron en una segunda ronda de reuniones con el Departamento de Estado en relación con la certificación para el 40 por ciento restante de la ayuda militar, 41,6 millones de dólares. Demostramos que Colombia había incumplido de nuevo todas y cada una de las condiciones legales.

CONDICIÓN (a) (1) (A): No existen pruebas que demuestren que el Comandante General de las Fuerzas Armadas colombianas esté empleando el poder que ostenta su cargo para suspender a altos oficiales de las fuerzas de seguridad acusados creíblemente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos o de haber auxiliado e incitado a los grupos paramilitares. Por el contrario, las pruebas demuestran que oficiales con antecedentes negativos siguen en el servicio activo y al mando de tropas.

CONDICIÓN (a) (1) (B): Las Fuerzas Armadas de Colombia continúan disputando la competencia sobre casos relacionados con la investigación y el procesamiento de presuntas violaciones a los derechos humanos. Varios casos de violaciones a los derechos humanos en los que estaban implicados altos oficiales de las fuerzas de seguridad no se transfirieron hasta que las cortes civiles lo decretaron; entre estos casos se encuentra la masacre de Mapiripán de julio de 1997 y la tortura, asesinato y desaparición de Nydia Erika Bautista de Arellana, el 30 de agosto de 1987.

CONDICIÓN (a) (1) (C): Aunque se están adoptando más "medidas" que en años anteriores, son claramente y demostrablemente ineficaces. Hasta el Departamento de Estado reconoce que continúan "a denuncias creíbles de la cooperación con los grupos paramilitares por miembros de la fuerzas públicas de seguridad". Contamos con pruebas sólidas y abundantes que demuestran que no se trata de incidentes aislados sino que la colaboración es la norma, y no la excepción.

También describimos contratiempos inquietantes desde el 1 de mayo, entre ellos los decretos promulgados por el Presidente Álvaro Uribe que ponen en entredicho su compromiso con los derechos humanos después de un solo mes en el cargo. Los cambios en la Fiscalía General desde la llegada del Fiscal General Luis Camilo Osorio en julio de 2001 también han perjudicado o incluso eliminado varias de las investigaciones de casos clave de derechos humanos que nos servían de referencia para medir el cumplimiento.

No obstante, el Subsecretario de Estado Richard Armitage certificó a Colombia por segunda vez el 9 de septiembre. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA protestaron esta decisión porque volvía a dar muestras de que Estados Unidos no está dispuesto a respaldar sus palabras con acciones que fortalezcan los derechos humanos.

PANORAMA GENERAL

Al concluir las negociaciones de paz entre el Gobierno y el principal grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la guerra colombiana se intensificó en el 2002. Se produjo una escalada de ataques de las FARC-EP contra civiles, entre ellos cientos de alcaldes, consejeros municipales y otros funcionarios locales amenazados y a veces asesinados en un intento de causar agitación mientras un nuevo Presidente ocupaba el cargo.

 

 

 

 

Aunque condenamos las tácticas abusivas de la guerrilla, también nos preocupan profundamente las políticas del Presidente Uribe.

El día en que juró el cargo el Presidente Álvaro Uribe, la guerrilla lanzó un ataque con mortero en Bogotá que mató al menos a once personas. Mientras tanto, los grupos paramilitares que operan con la tolerancia y el apoyo frecuente de las Fuerzas Armadas de Colombia continuaron cometiendo numerosas masacres, asesinatos selectivos y sembrando amenazas por todo el país. La cifra de los asesinatos políticos de no combatientes excede a 4.000 personas al año. Cerca de tres millones de colombianos se han convertido en desplazados forzosos. La guerrilla está implicada en 1.700 secuestros al año y el promedio de personas desaparecidas por la fuerza es de cinco al día.

Aunque condenamos las tácticas abusivas de la guerrilla, también nos preocupan profundamente las políticas del Presidente Uribe, quien han implementado nuevas medidas que ponen en riesgo el rendimiento de cuentas, amenazan con debilitar la capacidad de las instituciones del estado para vigilar e investigar los abusos de los derechos humanos y puede marcar un resurgimiento de los grupos paramilitares ilegales.

Esta nueva actitud quedó clara cuando el Presidente Uribe decidió nombrar a Fernando Londoño para el puesto combinado de Ministro de Justicia e Interior. Desde que llegó al ministerio, Londoño ha acusado a la Corte Constitucional de Colombia de usurpar la autoridad del Poder Ejecutivo y de excesivo activismo judicial, entre otras cosas. La Corte desempeña una función crucial como garante del cumplimiento, si no en la práctica en principio, de las disposiciones de derechos humanas consagradas en la Constitución de Colombia de 1991. Entre sus decisiones más importantes se encuentra el fallo de 1997 confirmando la competencia civil sobre presuntas abusos de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. La Corte también ha limitado la capacidad del Presidente para imponer medidas extraordinarias que limiten o suspendan el disfrute de derechos.

Londoño ha anunciado también que el nuevo gobierno tiene previsto reestablecer la autoridad del Poder Ejecutivo para declarar un "estado de sitio", un poder que se eliminó intencionalmente en la constitución nacional de 1991. Si se pusiera en práctica, esta nueva autoridad concedería al Presidente poderes extraordinarios para limitar las libertades civiles durante un período ilimitado. Londoño ha dicho que se pueden restringir todos los derechos y libertades públicos en nombre de la seguridad. Según lo anunciado, las medidas constituirían una violación de una serie de obligaciones contraídas por Colombia en tratados y convenios internacionales de derechos humanos, que prohíben la derogación de ciertos derechos incluso durante un estado de emergencia.

 

 

 

 

Esta declaración sugiere que el gobierno tiene la intención de reintroducir varias medidas que ya han sido rechazadas por la Corte Constitucional.

Tan solo cuatro días después de llegar al cargo, el Presidente Uribe declaró un "estado de conmoción interior", una medida de emergencia que otorga a las autoridades poderes especiales para suspender ciertas garantías frente a los registros y las detenciones ilegales, entre otras cosas. Esta declaración sugiere que el gobierno tiene la intención de reintroducir varias medidas que ya han sido rechazadas por la Corte Constitucional, entre ellas la concesión de poderes judiciales a las Fuerzas Armadas. En el pasado, las Fuerzas Armadas abusaron de poderes similares para ocultar su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos y falsificar pruebas contra civiles a los que acusaban de simpatizar con la guerrilla.

El Presidente Uribe también ha anunciado un plan para reclutar a miles de informantes civiles y una fuerza de 15.000 campesinos encargados de reunir información de inteligencia y, si las Fuerzas Armadas se lo piden, luchar contra la guerrilla. La estrategia amenaza con repetir la trágica historia de la década de los ochenta, cuando leyes similares permitieron que los comandantes militares establecieran las denominadas organizaciones de "autodefensa". A los dos años de su formación, estos grupos paramilitares fueron implicados por investigadores del Gobierno en cientos de asesinatos y desapariciones forzadas, unas acciones que estuvieron frecuentemente coordinadas con las Fuerzas Armadas y financiadas por narcotraficantes, terratenientes locales y negocios. En 1994, el Presidente Samper cometió el mismo error al proponer lo que llamó los grupos CONVIVIR, aceptados por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado numerosos casos que implican a los grupos CONVIVIR en masacres y asesinatos de civiles, frecuentemente en coordinación con las Fuerzas Armadas de Colombia.

 

 

 

 

El Presidente Uribe se ha rodeado de asesores y funcionarios que han estado implicados en presuntos crímenes de derechos humanos.

El Presidente Uribe se ha rodeado de asesores y funcionarios nombrados por él que han estado implicados en presuntos crímenes de derechos humanos o tienen una trayectoria pública de hostilidad a los derechos humanos y a las organizaciones o personas que los defienden, entre ellos:

1. Pedro Juan Moreno fue secretario de gobierno del entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y el artífice del programa CONVIVIR en el departamento. Cuando ocupaba el puesto, Moreno envió una carta amenazante a la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, después de que expresara su preocupación por las relaciones de las CONVIVIR con los grupos paramilitares. Moreno la acusó de albergar ideas pro-guerrilla, una acusación descabellada dirigida frecuentemente por las Fuerzas Armadas y sus simpatizantes contra los funcionarios locales que critican sus actividades. Más recientemente, Moreno ha asesorado al Presidente Uribe en el diseño de un nuevo servicio de inteligencia en el que, según él, se coordinaran los informantes civiles con los servicios de inteligencia gubernamentales. El intercambio de información de inteligencia sigue siendo el vínculo más importante entre las Fuerzas Armadas y los miembros de los grupos paramilitares. En una entrevista publicada en septiembre de 2002 en El Tiempo, Moreno dijo que una de las tareas claves del nuevo servicio será "contrarrestar la desinformación que propagan algunas ONGs internacionales". Las Fuerzas Armadas y sus simpatizantes utilizan un lenguaje similar para atacar a los grupos de derechos humanos, que son acusados con frecuencia-como ha hecho Moreno anteriormente-de simpatizar con la guerrilla.

2. El General Carlos Ospina Ovalle fue ascendido por el Presidente Uribe a la comandancia del Ejército de Colombia a pesar de los informes generalizados y creíbles de una serie de masacres, ejecuciones y tortura cometidas por las tropas bajo su mando cuando comandaba la Cuarta Brigada en 1997 y 1998. El General Ospina nunca fue suspendido ni se inició ninguna investigación oficial. El hecho de que los crímenes hubieran sido presuntamente cometidos por sus subordinados no anularía la responsabilidad penal del General Ospina si sabía o tenía razones para sospechar que los subordinados planearon o llevaron a cabo estos actos. El concepto de responsabilidad del mando se extiende al hecho de no haber tomado las medidas necesarias y razonables para prevenir dichos actos o castigar a los responsables. Varios de los comandantes de batallones a las órdenes del General Ospina fueron condenados posteriormente por cortes civiles colombianas por haber colaborado con los paramilitares. Tras ser acusados y supuestamente detenidos, dos ellos salieron del cuartel General de la brigada bajo la responsabilidad del General Ospina y se unieron a los grupos paramilitares. El caso relacionado con una de estas masacres, que tuvo lugar en El Aro, Antioquia, en 1997, fue aceptado para su consideración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

3. Miguel Posada Samper es un empresario que ha formado parte del equipo de asesores en materia de seguridad de Uribe. Posada acusa con frecuencia a los grupos internacionales de derechos humanos y específicamente a Human Rights Watch de ser "simpatizantes de la guerrilla marxista" y, junto con el Departamento de Estado, de formar "una extraña y vergonzosa alianza con un cartel del narcotráfico". Es preocupante que el Presidente Uribe haya decidido asociarse públicamente con el autor de estas acusaciones infundadas.

4. El General Rito Alejo Del Río, que está siendo investigado por la Fiscalía General por sus relaciones con los grupos paramilitares, también en un asesor cercano al Presidente Uribe. En 1999, el Presidente Pastrana suspendió a Del Río por las pruebas convincentes contra él; además Estados Unidos canceló su visa.

Aunque las Fuerzas Armadas han mejorado su cooperación con las autoridades judiciales en ciertas áreas, esto ha tenido muy poca repercusión debido a los drásticos cambios en la Fiscalía General. Estos cambios han bloqueado o desviado casos claves de derechos humanos de una manera que tiene visos de consagrar la impunidad. Desde julio de 2001, cuando el Fiscal General Luis Camilo Osorio ocupó el puesto, la norma ha sido una hostilidad marcada hacia las investigaciones de casos de derechos humanos y un esfuerzo continuo de purgar la institución de funcionarios dispuestos a proseguir con dichas investigaciones. A las 72 horas de su llegada a la Fiscalía General, Osorio forzó la dimisión de una serie de funcionarios de alto rango y veteranos, entre ellos los entonces directores y antiguos directores de la Unidad de Derechos Humanos, que ha recibido casi nueve millones de dólares en asistencia de Estados Unidos.

En diciembre de 2001, el Fiscal General Osorio despidió a cuatro directores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), calificados todos ellos de excelentes profesionales por otros fiscales y antiguos funcionarios de la Fiscalía General y jefes del CTI. Los despidos fueron tan devastadores que el director del CTI, el General Ismael Trujillo, un oficial de policía retirado, renunció posteriormente al puesto alegando, ante una asamblea de empleados del CTI, que ya no podía hacer su trabajo sin estos profesionales de confianza.

En abril de 2002, siete fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y un miembro del CTI recibieron amenazas creíbles y graves relacionadas con su trabajo en investigaciones de casos prominentes de violaciones a los derechos humanos. El Fiscal General Osorio no adoptó ninguna medida para proteger a los funcionarios. Posteriormente, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Docenas de fiscales e investigadores han renunciado a sus puestos o huido de Colombia desde que Osorio ocupa el puesto.

La Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre los despidos y las amenazas contra fiscales e investigadores, y la falta de apoyo que les ofrece el Fiscal General. Su trayectoria, señalaba la oficina en su informe anual, "han concitado serios temores en cuanto a las perspectivas de fortalecimiento y compromiso institucional en materia de lucha contra la impunidad. En este sentido, varios sucesos han puesto en cuestionamiento la independencia y autonomía de los fiscales en relación con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas vinculadas a grupos paramilitares y a servidores públicos." Muchos de los casos que habíamos utilizado previamente como referencias para evaluar el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos por parte de Colombia están ahora agonizando o cerrados.

La hostilidad del Fiscal General Osorio se vio claramente de manifiesto en un reciente artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal. En éste se citaban sus palabras acusando a 45 miembros del Congreso de Estados Unidos de participar en una "guerra" para desacreditar a las autoridades colombianas, con motivo de sus firmas de una carta expresando preocupación por la situación de los derechos humanos. Esta acusación se hace eco de los ataques de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que denuncian habitualmente el trabajo de fiscales competentes como parte de una "guerra judicial" respaldada por la guerrilla.

CONDICIÓN (a) (1) (A) El Comandante General de las Fuerzas Armadas colombianas está suspendiendo de las Fuerzas Armadas a aquellos miembros, de cualquier rango, que han sido acusados creíblemente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, o de haber auxiliado o incitado a grupos paramilitares.

No hay pruebas que indiquen que el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia está ejerciendo el poder que ostenta su cargo para suspender a oficiales de alto rango. Por el contrario, nuestras pruebas demuestran que estos oficiales siguen en el servicio activo y al mando de tropas. En el texto del informe que acompañaba a la P.L. 107-115, el Congreso de Estados Unidos estipuló que "suspender" significa "retirar del servicio activo y asignar a tareas exclusivamente administrativas".

Un ejemplo patente es el caso del General de la Armada Rodrigo Quiñones. Existen pruebas abundantes y creíbles de que el General Quiñones planeó y ordenó los asesinatos de al menos 57 sindicalistas, trabajadores de derechos humanos y líderes comunitarios en 1991 y 1992. Este caso se cerró en la fase de apelación porque las autoridades no cumplieron con el plazo legal obligatorio, no por ninguna debilidad sustantiva de la investigación. En agosto de 2002, la Procuraduría acusó oficialmente a Quiñones de "omisión" por no haber impedido la masacre de Chengue de 2001, llevada a cabo por paramilitares que mataron al menos a 26 personas.

El 1 de mayo,el Departamento de Estado utilizó el caso Quiñones para respaldar su afirmación de que Colombia había hecho avances en la purga de oficiales abusivos, e hizo referencia al hecho de que lo habían transferido fuera de su puesto de vicerrector de la Escuela de Guerra de Colombia. Quiñones fue nombrado agregado militar de la embajada de Colombia en Israel. De hecho, al revisar el caso Quiñones se demuestra lo contrario: estos oficiales siguen en el servicio activo y en puestos influyentes. En un lugar de un castigo que acabó con su carrera, el traslado fue una recompensa. Israel es uno de los principales suministradores de armas de Colombia y el puesto que ocupa es altamente renumerado. Los oficiales compiten por estos puestos, ya que les permiten recibir el doble de sueldo y fijar sus pensiones para el retiro en el nivel más alto posible.

Otro oficial que sigue en el servicio activo es el General Gabriel Díaz, comandante de la Segunda Brigada. En su puesto anterior de comandante de la Vigésimo Cuarta Brigada, las tropas de Díaz colaboraban regularmente y apoyaban a los grupos paramilitares en el departamento de Putumayo. Human Rights Watch ha obtenido amplias pruebas detalladas y consistentes que demuestran que la XXIVª Brigada mantenía una estrecha alianza con los paramilitares que condujo a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y amenazas de muerte. Cerca de la base de la brigada, los paramilitares tenían un campo de entrenamiento al que acudían docenas de nuevos combatientes de toda Colombia. Human Rights Watch también reunió testimonios, según los cuales los paramilitares pagaban regularmente a oficiales militares por su cooperación. No obstante, nunca se inició una investigación seria del General Díaz, quien comanda ahora la Segunda Brigada en Barranquilla, Atlántico.

En el "Memorando de Justificación" emitido el 1 de mayo por el Departamento de Estado para la primera certificación del año se citaba a 19 soldados suspendidos o detenidos en 2001. Como se explica a continuación, por lo menos ocho de estos casos (numerados de acuerdo con el documento del Departamento de Estado), el estado actual de las investigaciones estaba seriamente en duda cuando se escribió el informe. En lugar de intervenir para investigar a los oficiales presuntamente responsables de ordenar o tolerar los abusos, las Fuerzas Armadas, con la complicidad de algunos funcionarios del Gobierno, sacrifica a militares de bajo rango que posiblemente se limitaron a obedecer órdenes ilegales. En su "Memorando de Justificación" de septiembre de 2002, el Departamento de Estado no incluye a ningún militar por encima del rango de mayor:

3) Sargento Segundo del Ejército Humberto Blandón Vargas y 6) Mayor del Ejército Álvaro Cortés Murillo: Implicados en actos criminales cuando estaban destacados en la Cuarta Brigada en Medellín, estos oficiales no fueron más que los de menor rango entre los muchos oficiales que contribuyeron al largo historial de abusos de esa unidad cuando estaba bajo el mando del General Carlos Ospina Ovalle. A pesar de los informes generalizados y creíbles de masacres, ejecuciones y tortura por parte de las tropas bajo su mando, nunca se investigó al General Ospina ni se inició una investigación de su responsabilidad como comandante de la unidad.

4) Mayor del Ejército César Alfonso Maldonado Vidales y 12) Capitán del Ejército (retirado) Jorge Ernesto Rojas Galindo: Estos oficiales fueron detenidos en relación con el atentado de diciembre de 2002 contra el sindicalista Wilson Borja. Los registros de llamadas de celular vincularon al Mayor Maldonado, asignado al servicio de inteligencia de la Décimo Tercera Brigada de Bogotá, con uno de los sicarios. El 23 de abril de 2002, el Fiscal General Osorio despidió repentinamente al fiscal de derechos humanos encargado del caso. El fiscal que lo sustituyó ordenó que se redujera significativamente la fianza impuesta al Mayor Maldonado, lo que condujo a su puesta en libertad. Posteriormente se ordenó de nuevo su detención, pero existen pruebas creíbles de que Maldonado continúa realizando tareas de inteligencia desde su nueva ubicación en el cuartel de la policía militar de Bogotá, de donde entra y sale cuando quiere. Se trata de un caso común. El Departamento de Estado ha señalado que en muchos casos "el personal militar no fue retirado de sus tareas regulares mientras se encontraba bajo investigación de las Fuerzas Armadas o una investigación oficial civil. En algunos casos, un oficial ha permanecido en su puesto a la espera de la resolución de su apelación, incluso después de que el tribunal de primera instancia dictaminara la culpabilidad del oficial".

5) Sargento de Navío Rubén Darío Rojas Bolívar y 7) Sargento de Navío Euclides Bosa Mendoza: Ambos están acusados en relación con la masacre de Chengue de 2001. Durante la investigación, uno de los fiscales y tres investigadores judiciales fueron asesinados. El fiscal de derechos humanos que encabezaba el caso también recibió amenazas y huyó de Colombia, lo que planteó serias dudas sobre el resultado de la investigación. Mientras tanto, el oficial de mayor rango implicado en el caso-el antes mencionado General Quiñones-continúa en el servicio activo.

10) Capitán del Ejército Juan Carlos Fernández López y 11) Coronel Víctor Matamoros: Se ha dictado auto de procesamiento contra estos oficiales por colaboración y formación de grupos paramilitares ilegales en 1997 y 1999, en conexión con una serie de masacres paramilitares ocurridas en el interior y los alrededores de La Gabarra, Norte de Santander, entre mayo y septiembre de 1999. Los paramilitares mataron a más de 145 personas. Las Fuerzas Armadas se disputaron la jurisdicción sobre el caso en 2001 y lo cerraron por supuesta falta de pruebas, obstaculizando así la intervención de los fiscales civiles. Ambos oficiales siguen en el servicio activo.

 

El Gobierno colombiano ha intentado demostrar su cumplimiento de la Condición (a) (1) (A) citando la suspensión de cientos de soldados, una medida que el Departamento de Estado ha calificado de un "avance importante en la promoción de un mayor profesionalismo y responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas colombianas". Sin embargo, el gobierno no ha hecho pública ninguna información que demuestre que estos soldados fueron suspendidos por su participación en crímenes de derechos humanos y no por otras faltas tales como la incompetencia o quedarse dormidos durante una guardia. Human Rights Watch confirmó durante una visita a Colombia en junio de 2002 que ninguno de estos casos estaba siendo investigado por las autoridades civiles.

CONDICIÓN (a) (1) (B) Las Fuerzas Armadas de Colombia están cooperando con los fiscales y las autoridades judiciales civiles (lo que incluye la entrega de la información solicitada, tal como la identidad de las personas suspendidas de las Fuerzas Armadas y la naturaleza y la causa de la suspensión, y acceso a testigos y documentos militares relevantes y otra información), en el procesamiento y la sanción en las cortes civiles de aquellos miembros de las FFAA, de cualquier rango, que han sido acusados creíblemente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, o de haber auxiliado o incitado a grupos paramilitares.

Las Fuerzas Armadas de Colombia continúan disputándose la jurisdicción de los casos relacionados con la investigación y el procesamiento de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares. Esto constituye una violación tanto de las leyes colombianas como de una directiva presidencia dictada promulgada por el presidente Andrés Pastrana que se cita en el "Memorando de Justificación" de septiembre de 2002.

Entre los casos más patentes se encuentra el de la masacre de La Gabarra, en el que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ha implicado al Coronel del Ejército Víctor Matamoros y al Capitán del Ejército Juan Carlos Fernández López. Estos oficiales estaban acusados de haber colaborado y formado grupos paramilitares entre 1997 y 1999. Durante ese período, los grupos paramilitares que operaron con su apoyo mataron presuntamente a más de 145 personas. Las Fuerzas Armadas reclamaron la jurisdicción sobre el caso en 2001, ignorando la investigación civil en curso. Cuando el fiscal protestó, un tribunal militar cerró rápidamente el caso por supuesta falta de pruebas, una decisión que impide que el sistema civil continúe una investigación de un caso considerado archivado a riesgo de caer en un nuevo juicio de una causa juzgada. Ambos oficiales siguen en el servicio activo. Varios casos de violaciones a los derechos humanos en los que estaban implicados oficiales superiores de las fuerzas de seguridad no se transfirieron hasta que las cortes civiles emitieron sus fallos ante la resistencia de las Fuerzas Armadas, entre ellos la masacre de Mapiripán de julio de 1997 y la tortura, asesinato y desaparición de Nydia Erika Bautista de Arellana, el 30 de agosto de 1987.

El Ministerio de Defensa ha divulgado estadísticas con las que pretende demostrar que los tribunales militares están cumpliendo esta condición. El Ministerio afirma que, entre agosto de 1997 y diciembre de 2001, se transfirieron 1.372 a las cortes civiles. No obstante, es importante analizar estas estadísticas y no tomarlas en el sentido literal. Se calcula que el 87 por ciento de los casos implican a soldados de bajo rango de las Fuerzas Armadas, no a oficiales. Al citarlas en un informe del Departamento de Estado de noviembre de 2000 se incluía una salvedad crucial: "No queda claro cuántos de estos casos están relacionados con violaciones a los derechos humanos". El Departamento de Estado también ha señalado que las estadísticas del Ministerio de Defensa son notoriamente poco fiables, ocasionalmente contradictorias y hasta engañosas.

Con frecuencia, las estadísticas del Gobierno colombiano demuestran precisamente lo contrario de lo que pretenden. Por ejemplo, supimos en enero de 2002 que entre octubre de 2000 y octubre de 2001, el Tribunal Superior Militar dictó ocho veredictos de culpabilidad por crímenes descritos como posibles violaciones a los derechos humanos. Esto significa que estos tribunales continuaron adjudicando estos casos en violación de las leyes, la directiva presidencial promulgada por el Presidente Pastrana y los requisitos de esta condición. En el "Memorando de Justificación" de septiembre de 2002, el Departamento de Estado cita las disputas jurisdiccionales presentadas ante el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia desde enero de 2002. No dice que no habría disputa alguna si las Fuerzas Armadas colombianas estuvieran acatando las leyes y entregando a las autoridades civiles los casos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos.

CONDICIÓN (a) (1) (C) Las Fuerzas Armadas de Colombia están adoptando medidas eficaces para cortar los lazos (lo que incluye negarles el acceso a información de inteligencia militar, vehículos y otro equipo y materiales, y cesar todo tipo de cooperación activa o tácita), en los niveles de comando, batallón y brigada, con los grupos paramilitares; y ejecutar las órdenes pendientes de captura de miembros de dichos grupos.

Los grupos de derechos humanos continúan recibiendo informes frecuentes, creíbles y detallados que indican que los paramilitares siguen operando con la aquiescencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas, y han consolidado, y expandido en algunas áreas, su control. Como novedad, grandes unidades paramilitares combaten unidades de las FARC-EP del mismo tamaño, y se informa con frecuencia que los paramilitares han recibido asistencia de tropas gubernamentales. Los paramilitares pueden mover libremente tropas y suministros por todo el país atravesando bases militares, retenes de carretera, tropas y puntos de control. Aunque se están tomando más medidas que en años anteriores, éstas son claramente y demostrablemente ineficaces.

El Departamento de Estado reconoce que siguen presentándose "denuncias creíbles de la colaboración entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares". En un informe al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló: "persisten los informes creíbles de instalaciones y retenes paramilitares cerca de bases militares; de contactos entre paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas; de que los militares no cuestionan los retenes paramilitares ni responden a las advertencias de masacres o asesinatos selectivos inminentes por parte de paramilitares".

No existen pruebas de que las Fuerzas Armadas de Colombia hayan detenido a líderes paramilitares claves o a altos oficiales militares acusados creíblemente de haber colaborado con grupos paramilitares. Aunque el gobierno afirma que estas relaciones son fruto de las actuaciones de "miembros individuales de las fuerzas de seguridad", y no una cuestión de política ni siquiera de tolerancia, ha quedado bastante claro que este tipo de actuaciones depende de la aprobación, la connivencia y la tolerancia de oficiales de alto rango.

En agosto de 2002, el Ministerio de Defensa informó de la captura de 460 paramilitares durante los primeros seis meses del año. Además, el Ministerio ha registrado 11 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Se trata de un hecho novedoso, ya que estos informes eran desconocidos en años anteriores.

Cabe subrayar, sin embargo, que estas estadísticas son sumamente discutibles. En términos de detenciones, se trata de miembros de bajo rango de estos grupos o personas cuya participación se alega sin haberlo probado. De hecho, muchos de ellos quedan posteriormente en libertad sin cargos. En el caso bien conocido de la masacre de Alto Naya de abril de 2001, el Gobierno informó de la captura de más de 70 "paramilitares" que habían participado en la masacre de más de 40 personas. Un año después, sin embargo, sólo 16 de ellos fueron condenados por un tribunal colombiano. Los enfrentamientos tampoco han producido ningún resultado duradero, ya que el ejército no ha desalojado a los paramilitares de ninguna región de Colombia; por el contrario, ha aumentado considerablemente su presencia en todo el país, incluidas las áreas con un fuerte control militar, y las fuerzas paramilitares controlan ahora ciudades enteras tales como Barrancabermeja, Santander y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Dado que las Fuerzas Armadas no ejecutan los arrestos necesarios, la gran mayoría de las órdenes de detención de paramilitares dictadas por la Fiscalía General caen en el olvido sin acción alguna. Alcaldes, funcionarios municipales, gobernadores, grupos de derechos humanos, la Defensoría y hasta algunos destacamentos policiales informaron regularmente a las autoridades competentes de amenazas creíbles por parte de paramilitares o incluso de masacres planeadas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sólo adoptan medidas eficaces en raras ocasiones. Un ejemplo trágico es el caso de Boyajá, Chocó. En abril de 2002, la Iglesia Católica y la Defensoría, así como grupos locales de derechos humanos, enviaron repetidas advertencias sobre la presencia de grandes grupos de guerrilleros y paramilitares, que circulaban libremente por el río Atrato. En sus orillas están situados puntos permanentes y móviles de control de la Décimo Séptima Brigada del Ejército y del Batallón Fluvial No. 50 de Infantería de Marina, unidad que ha recibido entrenamiento y armamento de Estados Unidos. Las FARC-EP también operan en la región. No obstante, las Fuerzas Armadas colombianas no adoptaron medidas inmediatas para prevenir ataques contra la población civil.

Como habían predicho los residentes locales, las fuerzas guerrilleras y paramilitares se enfrentaron en el pueblo de Bellavista el 1 de mayo de 2002. Durante el combate, la guerrilla lanzó al menos una bomba de cilindro de gas que hizo impacto en una iglesia donde se encontraba un grupo de refugiados, y mató a 119 de ellos, incluidos al menos 48 niños. La oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que la guerrilla era responsable de las muertes de los refugiados. Al mismo tiempo, investigadores sobre el terreno de la ONU recibieron informes creíbles de que, a pesar de la llegada de tropas del ejército colombiano, los paramilitares permanecieron en la región hasta mucho después del atentado contra la iglesia y los soldados llegaron a reunirse con un comandante paramilitar. El 9 de julio de 2002, la Procuraduría abrió una investigación de los comandantes de las unidades de las fuerzas de seguridad responsables de la región: el Mayor General Gómez Estrada, Comandante de la Primera División del Ejército de Colombia; los oficiales de la Cuarta Brigada, Brigadier General Mario Montoya y Coronel Ricardo Díaz Torres; el General de la Policía Jorge Enrique Linares; el Teniente Coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del Batallón de Infantería No. 12 "General Manosalva Flórez"; y el Capitán William Ariel Ruiz Mesa Mesa, comandante del Batallón Fluvial No. 50 de Infantería de Marina.

Ninguno de estos casos que remitimos como referencia para las certificaciones previas de 2000 y 2001 se ha saldado con detenciones de las personas que planearon, coordinaron y pagaron por los asesinatos de defensores de los derechos humanos o fiscales del gobierno. Sólo se ha detenido o condenado a los responsables materiales, mientras que existen pruebas abundantes que apuntan a la responsabilidad de otros como autores intelectuales.

APÉNDICE A

Sec. 567. (a) Determinación y certificación requeridas.-

No obstante de cualquier otra disposición legal, las Fuerzas Armadas de Colombia pueden disponer de los fondos asignados por esta Ley o Leyes previas para la asignación de fondos a operaciones en el extranjero, financiación de exportaciones y programas relacionados, como sigue:

(1) Un máximo del 60 por ciento de dichos fondos puede comprometerse después de que el Secretario de Estado haya determinado y certificado a los comités competentes del Congreso que:

(A) El Comandante General de las Fuerzas Armadas colombianas está suspendiendo de las Fuerzas Armadas a aquellos miembros, de cualquier rango, que han sido acusados creíblemente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, o de haber auxiliado o incitado a grupos paramilitares.

(B) Las Fuerzas Armadas de Colombia están cooperando con los fiscales y las autoridades judiciales civiles (lo que incluye la entrega de la información solicitada, tal como la identidad de las personas suspendidas de las Fuerzas Armadas y la naturaleza y la causa de la suspensión, y acceso a testigos y documentos militares relevantes y otra información), en el procesamiento y la sanción en las cortes civiles de aquellos miembros, de cualquier rango, que han sido acusados creíblemente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, o de haber auxiliado o incitado a grupos paramilitares.

(C) Las Fuerzas Armadas de Colombia están adoptando medidas eficaces para cortar los lazos (lo que incluye negarles el acceso a información de inteligencia militar, vehículos y otro equipo y materiales, y cesar todo tipo de cooperación activa o tácita), en los niveles de comando, batallón y brigada, con los grupos paramilitares; y ejecutar las órdenes pendientes de captura de miembros de dichos grupos.

(2) La suma restante de los fondos puede comprometerse después del 1 de junio de 2002, si el Secretario de Estado determina y certifica a los comités competentes del Congreso que las Fuerzas Armadas de Colombia continúan cumpliendo los criterios contenidos en los párrafos (1)(A), (B) y (C).

(b) Proceso consultivo.-Al menos días antes de realizar la determinación y la certificación requerida por esta sección, y cada 120 días a partir de entonces durante el año fiscal 2002, el Secretario de Estado consultará con organizaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas sobre los avances en el cumplimiento de las condiciones contenidas en la subsección (a).

(c) Informe.-Ciento veinte días después de la entrada en vigor de esta Ley, y cada 120 días a partir de entonces durante el año fiscal 2002, el Secretario de Estado presentará un informe a los Comités de Asignación Presupuestaria del Congreso describiendo las medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas de Colombia para cumplir los requisitos establecidos en las subsecciones (a)(1)(A) a (a)(1)(C).

(d) Definiciones.-En esta sección:

(1) Auxiliar o incitar.-El término "auxiliar o incitar" significa ofrecer cualquier tipo de apoyo a los grupos paramilitares, lo que incluye tomar medidas que permitirían, facilitarían o fomentarían de otro modo las actividades de dichos grupos.

(2) Grupos paramilitares.-Se entiende por "grupos paramilitares" a los grupos ilegales de autodefensa y las cooperativas de seguridad ilegales.
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