Diálogos en Habana: Por una paz sin desaparecidos!

La Fundación apoya el proceso de paz y aboga por un Acuerdo humanitario y de justicia que permita encontrar a los desaparecidos.

Ver el posicionamiento de la Fundación con las organizaciones de Derechos Humanos

 

... Entonces Nydia fue mantenida incomunicada, dur Aunque testigos directos de los hechos declararon a la Procuraduría y a las autoridades judiciales, desde el momento mismo de los hechos, la forma como se la llevaron, las características del jeep y los antecedentes de la víctima, el caso quedó paralizado durante tres años; hasta 1990, cuando el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, de la XIII Brigada, dio a la Procuraduría General informaciones concretas sobre los autores y la localización de las circunstancias de la desaparición y muerte y lugares donde habían sido abandonados los restos de varias mujeres y hombres desaparecidos, según sus denuncias, por la XIII Brigada del Ejército en Bogotá.

  Durante tres años las autoridades no habían hecho nada para buscar a Nydia. Eso nunca fue lo importante. Rescatarla de su cautiverio o de su tumba siempre fue la tarea de los familiares. Las “buscadoras de cadáveres” llamaron a las madres de los desaparecidos en el Perú. Aun con ese sambenito a la espalda, nosotros y otras familias, buscamos. Después de tres años encontramos a Nydia... ¡y ese fue el primer milagro!. Tal vez sirvió salir a la calle con las fotos y mostrar su cara, su nombre y su apellido. Tal vez sirvieron los volantes que repartimos con mi papá los primeros días en todos los buses y busetas del centro. La gente nos miraba, seguramente no entendían nada, nosotros tampoco. Empezamos a entender un poco en las reuniones de ASFADDES porque vimos las caras de otras madres, padres, hermanos, hijas, religiosos, abogados.

Era un consuelo y un espacio a la vez para hablar de lo que nadie más comprendía o no quería entender o ver. La autocensura de la prensa en el tema de los derechos humanos y el derecho humanitario era muy grande, casi nulas las noticias sobre derechos humanos y menos sobre víctimas de desaparición forzada. Las familias no teníamos espacio abierto a la denuncia, y prevaleció el tratamiento y calificación de “idiotas útiles” por los Medios. Pocos respetaron el dolor, el ultraje a la dignidad y la negación de los derechos. Muchos negaron la realidad poniéndose una venda en los ojos. Nosotros hicimos cosas sencillas, misas, poemas, discursos con mucho amor, marchas en la Plaza de Bolívar con pancartas y fotos. Mezclamos un poco de ese amor por Nydia con un amor por los derechos humanos para darle un sentido, no un valor mesiánico, sino un valor no destructivo -de solo la verificación del horror- al sufrimiento y a la muerte de Nydia Erika.

El crimen cometido con Nydia Erika y la responsabilidad del Estado hasta los más altos rangos del Ejército fueron puestos en evidencia tanto por las investigaciones de la Procuraduría para los Derechos Humanos, primero, como por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía después. Además de las investigaciones y resoluciones internacionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la sentencia del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, ambas condenando en 1995 al Estado Colombiano por su responsabilidad en la desaparición, tortura y muerte de Nydia Erika.

Todo ese conjunto de investigaciones esclarecieron la responsabilidad del Ejército: Desde las labores antecedentes de inteligencia de que fue objeto Nydia Erika, a partir de 1986, por dos brigadas militares en coordinación; su detención e interrogatorio en la III Brigada en Cali por miembros de la XIII Brigada de inteligencia y contrainteligencia de Bogotá; siguiendo con los hechos de vigilancia y persecución de los que habían sido y seguían siendo objeto sus compañeros de militancia en 1986 y 1987.

Las investigaciones constataron las circunstancias y los sitios a donde fue conducida Nydia Erika, entre ellos la XIII Brigada, donde fue mantenida en una camioneta y torturada, para luego ser trasladada a una finca camino a Villavicencio, donde permaneció en cautiverio dos días, hasta su muerte descrita en declaraciones y en el Acta de Defunción de una N.N. practicada por el Alcalde de Cáqueza: desfiguración facial, un tiro de gracia, manos amarradas, ojos vendados, sin ropa interior.

En Julio de 1995, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Doctor Hernando Valencia Villa, solicitó la destitución del General Álvaro Velandia Hurtado y tres suboficiales de la XIII Brigada como responsables por la desaparición de Nydia Erika. Sin embargo, 5 días más tarde, el General fue condecorado por el Presidente Ernesto Samper con la Orden al Mérito. El 30 de agosto, el Procurador Valencia Villa se vio obligado a salir del país junto con su familia, después de varios meses de reiteradas presiones y hostigamientos.

El escritor Eduardo Galeano encabezó un pedido al Presidente Samper para lamentar la salida del Procurador Valencia Villa y ejecutar la decisión del Procurador. Después de dos meses de recursos de tutela y presiones al Presidente Samper para que no la ejecutara, el Presidente emitió el decreto de destitución el 11 de septiembre. Pocos días antes, en medio del debate público, murió nuestra madre mientras el país castrense se solidarizaba con los destituidos en campos pagados en la prensa. La jurisdicción penal militar abrió una investigación al conocer la noticia. Dos años después, en 1997, cuando la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llevó a prisión a los primeros tres suboficiales, el Comandante de la XX Brigada (antigua XIII Brigada) planteó una colisión de competencias y reclamó para sí la jurisdicción del caso. El Consejo Superior de la Judicatura decidió en su favor y remitió allí el expediente.

Durante los años siguientes, la investigación se volcó sobre la víctima. A pesar de que ya existía una identificación oficial de peritos forenses de Medicina Legal y de la Oficina de Investigaciones Especiales, desde 1990, el Juez de la XX Brigada ordenó una prueba de ADN a solicitud de los presuntos autores vinculados; por considerar dudas sobre la verdadera identidad de los restos inhumados por la familia. Todas las pruebas forenses de garantía pedidas por los afectados para realizar el ADN fueron totalmente denegadas; así decidimos guardar silencio sobre el lugar donde reposaban los restos. Los abogados presentaron una Acción de Tutela.

En el primer semestre del año 2000, Amnistía Internacional y la CIJ-Comisión Internacional de Juristas presentaron un Amicus Curiae ante el Consejo Superior de la Judicatura, para coadyuvar las peticiones de la acción de tutela de la Comisión Colombiana de Juristas, considerando que “la radicación del proceso judicial y el procesamiento de violaciones de derechos humanos por la jurisdicción penal militar constituye una violación del deber de Garantía y las obligaciones internacionales del Estado de Colombia bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un desconocimiento a las recomendaciones internacionales sobre su deber jurídico de evitar y combatir la impunidad”.

El 29 de junio del año 2000, la Corte Constitucional falló positivamente a favor de la justicia ordinaria el recurso de Tutela. En el fallo, la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura modificar su decisión de haber enviado el expediente judicial a los tribunales militares y le solicitó devolverlo a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. En el 2001 tuvimos que entregar los restos, la ropa, el arete, el zapato, las medias y un cristo pequeñito de madera que Nydia Erika llevaba en el bolsillo del vestido al momento de su asesinato y que la ha acompañado desde entonces. La prueba de ADN duró dos años. Ninguna otra línea de investigación sobre los autores, los hechos o las circunstancias, fue retomada por el Fiscal.

En enero de 2003, la confirmación de la identidad de los restos como resultado de una prueba de ADN que resultó positiva, cerró el círculo y la estrategia dilatoria que permitió prolongar durante 16 años el trámite judicial. El cuerpo que Bernardo Alfonso Garzón señaló en sus informaciones a altos funcionarios de la Procuraduría General, el sitio y la identidad de los restos, resultaron ciertos. A pesar de toda esa verdad hallada judicialmente, que todavía no es pública en su totalidad porque no ha terminado el proceso, la confirmación de la identidad de Nydia Erika que corrobora otras pruebas testimoniales y documentales, no tuvo ninguna consecuencia procesal ni modificó la investigación.

Así tuvimos finalmente a Nydia de regreso en casa, 16 años después. En medio de muchas flores y la compañía de decenas de personas, el padre Javier la bautizó en la iglesia por segunda vez y con ello sentimos que le fue devuelto su nombre y su humanidad. El 19 de septiembre de 2003, el Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos decidió “precluir la investigación” y finalizar el proceso judicial, excluyendo de responsabilidad a todos los oficiales y suboficiales vinculados. El desconocimiento, en los argumentos de su decisión, de todas las pruebas documentales y testimoniales de la responsabilidad oficial, constituyeron una nueva afrenta contra la dignidad de Nydia Erika, por las conclusiones del Fiscal en el sentido de que el M-19 hubiera sido quien ejecutara la desaparición y asesinato de Nydia Erika, tesis no probada, ni planteada judicialmente durante 17 años. Las conclusiones del Fiscal también atentan contra la verdad procesalmente probada en cuanto a que fueron motivaciones políticas las razones de su persecución, y oficiales y suboficiales de la XIII Brigada los autores.

El Procurador General de la Nación, y la parte civil de la familia, presentaron en 2004 cada uno en forma independiente un recurso de apelación solicitando al Juez de la primera instancia revocar la decisión de preclusión y proferir en su lugar Resolución de Acusación contra los oficiales y suboficiales vinculados por la Unidad de Derechos Humanos. Estos recursos se encuentran todavía en trámite. Durante los últimos meses, otros casos de desapariciones forzadas a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General han sido fallados negativamente, en contra del acervo probatorio, es el caso de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, en el cual el Fiscal falló también Resolución de Preclusión, entre otros casos denunciados.

Como hace 17 años, las desapariciones forzadas siguen tan numerosas, en un promedio de 300 al año; pero ahora se triplicaron los sectores victimizados. En el entorno, los intereses territoriales, políticos y económicos de los actores en conflicto exacerbaron la discriminación y la intolerancia política y social, aumentando las víctimas entre la población civil, por motivaciones de raza, de etnia, de religión y de origen social, y se arraigaron en las comunidades afrodescendientes, indígenas, de habitantes de la calle y jóvenes que consumen drogas. Los bombardeos indiscriminados siguen, como en 1987, produciendo numerosos desplazamientos forzados y con ellos personas desaparecidas, de quienes sus comunidades pueden apenas dar cuenta en su huída.

Hoy, el control es parte de la vida, la economía y la política en vastos territorios rurales y urbanos. Donde antes había pequeños núcleos de organizaciones humanitarias, religiosas o defensores de derechos humanos, el miedo y el silencio son la palabra. Del otro lado, el reconocimiento colectivo de una crisis humanitaria incorpora cada vez más importantes sectores sociales, políticos, de derechos humanos y de la comunidad internacional que se preocupa por la perspectiva de las víctimas, bajo el marco conjunto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y condena estas violaciones. En el caso de las mujeres como Nydia Erika, importantes grupos de mujeres y de la sociedad abrieron la denuncia de un silencio invisible ante los sufrimientos específicos de las mujeres por su razón de ser mujeres, en prácticas como la violación sexual, la prostitución forzada o los trabajos forzados en cautiverio de las mujeres, y reivindican que en concordancia con el derecho internacional, estas conductas sean reconocidas como violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario.

Hace 7 años que salimos de Bogotá, toda la familia está desparramada y otros no están. Primero se fue la abuela Domy, luego la Yayita y dos años después Toñín, de pena moral, del desamor que produce el exilio y la soledad. Todo está igual a como era hace 17 años y todo ha cambiado. Igual, como hace 17 años, seguimos soñando que llegue la justicia. Nuestra casa ya no es nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra comida, nuestros afectos ya no los tenemos cerca y no celebramos los días de la madre, los cumpleaños, ni la navidad. Nos queda la compañía, desde el cielo, de Nydia, nuestra madre, la Yayita y Toñín. Pero, en el caso, ¿de dónde vamos a presentar otros responsables que no hicieron, otros testigos que no vieron, otras pruebas que nunca existieron?

La justicia judicial no se ha logrado, pero tal vez es hora de reconocer también una justicia de muchas conciencias. Una conciencia que posee valiosos parámetros de la justicia propiamente dicha y unos valores que permanecen a pesar de los golpes. Lo que queremos es que esa verdad, que ahora se trata de ocultar, sea validada socialmente como corresponde... ¡y que cese esta impunidad!

(Publicado por Cinep & Credhos, Noche y Niebla, p. 196, Bogotá, Oct. 2004).

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